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En la Argentina existen pocos datos epidemiológicos en relación a la prevalencia e incidencia del stroke. En el 2006 Melcon y colaboradores publican un estudio en la Ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el cual reportan una prevalencia de 473,4/100.000 habitantes, el 79,6% fueron eventos isquémicos y el 20,4% hemorrágicos. En registros hospitalarios de América Latina incluyendo la Argentina, la frecuencia de eventos hemorrágicos fue mayor alcanzando del 26 al 40 % del total, esto se explica por una alta incidencia de hipertensión arterial en la población.
La prevención primaria debe basarse en políticas públicas destinadas a controlar factores
de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol, leyes que exijan la presentación de los
contenidos grasos de los alimentos y campañas de educación a la población sobre
hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso y alteración en los lípidos. Estas medidas
disminuyen el impacto de la enfermedad en un 40%. La experiencia de los países de
altos ingresos evidencia que el desarrollo de unidades de stroke es la mejor opción para
la atención, independientemente de la edad del paciente y severidad del evento. La
evidencia publicada sugiere que es costo-efectiva, reduce la mortalidad temprana en un
28 y al año en un 17 %, disminuye la discapacidad e incrementa el número de altas a
domicilio. En la Argentina, la implementación de programas destinados a mejorar la
atención de los pacientes con stroke es complejo dado que el sistema de salud se
encuentra altamente fragmentado. El sistema público cubre el 50% de la población y se
encuentra con dificultades en la implementación de políticas de salud, con baja asignación
de recursos lo cual generó un deterioro marcado de su calidad de atención en la última
década, el sistema de obras sociales cubre el 40% de las personas con empleo activo y el
sector privado de prepagos el 10% restante para personas de altos ingresos, teniendo el
mayor aporte económico del sistema.